Varias voces se estuvieron escuchando en los últimos meses alertando sobre lo que consideraban el escándalo de la pobreza. La mayoría de ellas reunía la particularidad de que provenía de grupos que anhelan políticas cuyo resultado es el aumento de la exclusión social. Algunos analistas inquietos por el rating buscaron imágenes de impacto de hogares en situación desesperante. La demagogia de la pobreza quedó en manos de representantes del conservadurismo político y económico. Ese comportamiento, que en la interpretación más benevolente se puede definir como hipócrita, se revela oportunista cuando después de mostrar rostros acongojados por los pobres ignora y, por lo tanto, desmerece una de las políticas sociales más importantes de la joven democracia: la asignación familiar por hijo para trabajadores desocupados e informales. Se trata de una medida que mientras avance en su implementación requerirá de ajustes vinculados al alcance de la población beneficiaria, a su financiamiento sustentable en el tiempo y su institucionalización mediante una ley. Pero estas cuestiones hoy no tienen envergadura frente al impacto inmediato del plan en reconocimiento de derecho económico y social de sectores postergados en el sujeto de niños y adolescentes. Con una reacción que merece reconocimiento a la vapuleada burocracia estatal, en apenas dos meses la Anses sumó al programa y desembolsó los fondos correspondientes a 3,8 millones de beneficiarios de la asignación de 180 pesos. La previsión oficial es superar los 5 millones a medida que la entrega de DNI regularice la situación de niños y jóvenes indocumentados. Se estima que en esa instancia el monto involucrado totalizaría unos 10 mil millones de pesos anuales. Ese considerable gasto público social (GPS) se suma al ya presupuestado destinado a la niñez, que es mucho más elevado que el considerado en evaluaciones superficiales, de acuerdo al reciente informe publicado por Unicef.